La impunidad inevitable

No, no todos los delitos pueden o deben ser castigados

En México, el delito más importante no es el narcotráfico, ni el secuestro, ni el robo: es la evasión fiscal. En ninguna otra categoría de actos ilícitos, hay tanto dinero o tanta gente involucrada: según un estudio reciente elaborado por la empresa de consultoría Fixat, la evasión sumó en 2020 la suma de 1.4 billones de pesos, equivalentes a 6% del PIB, y a eso habría que agregarle la evasión de impuestos estatales o locales (impuesto sobre nómina, predial) y de contribuciones a la seguridad social.

Estamos hablando además de un ilícito que involucra a millones de personas: en 2010, de acuerdo a un estudio ya viejo del SAT, 31% de la población económicamente activa (algo más de 15 millones de personas) no estaba inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. Ese número se ha reducido en la última década, pero aún sigue siendo enorme la población que trabaja por debajo del radar de las autoridades tributarias o que incumple total o parcialmente sus obligaciones fiscales.

En años recientes, las autoridades de todos los niveles han hecho un esfuerzo muy importante para reducir la evasión fiscal, ya sea cambiando la legislación, simplificando los trámites o aumentando la capacidad de fiscalización. En 2020, a pesar de la pandemia, la recaudación tributaria aumentó 1.6 puntos del PIB: una cantidad nada trivial.

¿Deben el SAT y las demás autoridades tributarias mantener ese esfuerzo? Por supuesto que sí ¿Deben mantenerlo hasta que la evasión llegue a 0% de la recaudación potencial? Por supuesto que no.